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El gobierno extendió la congelación de tarifas hasta el final del año

los incrementos en el precio de las facturas de servicios públicos serán suspendidos por 180 días. La prohibición de interrumpir la prestación de estos servicios por falta de pago también permanecerá vigente durante este período.

El gobierno extendió la congelación de tarifas hasta el final del año

El gobierno extendió la congelación de tarifas hasta el final del año

El Gobierno nacional prorrogó hasta fin de año la congelación de tarifas de los servicios públicos establecida en la Ley de Emergencia Social, vigente hasta este mes, y la disposición que prohíbe la interrupción de la prestación del servicio por falta de pago de los usuarios de los sectores vulnerables. En este sentido, el Decreto 543/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial, amplió de tres a seis los impagos consecutivos o alternos que puede acumular un usuario perteneciente al grupo de personas en situación de vulnerabilidad sin que la empresa de cualquiera de los servicios públicos pueda interrumpir la prestación de los mismos. En el decreto se estipulaba que las empresas proveedoras de electricidad, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y televisión por cable mediante conexiones de radio o satélite no podrán prever la suspensión o reducción de los servicios correspondientes a los usuarios en caso de impago o de pago diferido de hasta seis facturas consecutivas o alternas sin pagar con fechas de vencimiento a partir del 1º de marzo de 2020.

Se trata de los beneficiarios de las prestaciones generales por hijo (AUH) y por embarazo (AUE), las pensiones no contributivas cuyos ingresos mensuales brutos no superan el doble del salario mínimo vital y el salario móvil, actualmente en $ 16.875; los monotribuidores sociales y los pensionistas, jubilados y empleados en relación de dependencia que reciben un ingreso bruto que no supera los dos SMVM. También incluye a los pagadores únicos inscritos en una categoría cuyos ingresos mensuales anuales no superen el doble del salario mínimo; las personas que reciben el seguro de desempleo; las personas electrodependientes; los trabajadores domésticos y las personas exentas del pago de ABL o de impuestos locales del mismo tipo.

Además, el decreto prorrogó hasta el 28 de junio la obligación de los proveedores de ofrecer un servicio reducido que garantizara la conectividad a los usuarios con teléfonos móviles de prepago o servicios de Internet que no pagaran la recarga adecuada para acceder al consumo.