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El informe revela la discriminación contra la mujer en la justicia en todo el país

Un documento elaborado por especialistas de Chubut determinó la desigualdad en el acceso a los altos cargos en Argentina.

El informe revela la discriminación contra la mujer en la justicia en todo el país

El informe revela la discriminación contra la mujer en la justicia en todo el país

Un informe elaborado por la Oficina de la Mujer y la Violencia de Género del Poder Judicial de Chubut, que compara las estructuras de este poder estatal en las distintas provincias, concluye que existe «una discriminación estructural en el acceso igualitario de las mujeres a los cargos más altos en Argentina». El trabajo fue preparado en apoyo de un proyecto que está siendo estudiado por el Poder Legislativo de Chubut, que promueve la igualdad de género en la Corte Suprema de esta provincia, la cual – junto con sólo otros cuatro distritos del país – tiene la particularidad de no haber tenido nunca una mujer como miembro del más alto cuerpo judicial. «Este análisis debería ayudar a poner de relieve la distracción estructural que enfrentan las mujeres abogadas para acceder en condiciones de igualdad a los más altos cargos judiciales, a fin de alentar la adopción de las medidas necesarias para cambiar esto», dice el párrafo del documento en el que se exponen los objetivos generales del informe.

Si sumamos todas las ramas del poder judicial en las provincias, vemos que 37.929 mujeres (58%) trabajan en diversos ámbitos, frente a 27.966 hombres (42%), pero esta proporción cambia cuando se trata de puestos jerárquicos: allí ocupan el 43% de los puestos de jueces y el 57% de los puestos superiores están ocupados por hombres. «Si analizamos la participación de las mujeres en los puestos restantes, donde las tareas administrativas están aumentando y el poder de decisión está disminuyendo, encontramos un mayor número de mujeres», dice un capítulo del informe. En el estudio se añadieron 130 puestos en los tribunales provinciales «efectivamente ocupados» (sin incluir las vacantes), observándose que el 69% de los miembros de los tribunales son hombres y el 31% mujeres.

Sin embargo, en este aspecto específico hay casos de violación de la norma, y es en las provincias de Misiones, San Luis, la ciudad autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz donde más mujeres que hombres ejercen como jueces. En el extremo opuesto se encuentran Formosa, Corrientes, La Rioja, Mendoza y Chubut, que no tienen mujeres directamente cuando se integra la Corte Suprema. Y están los casos de Jujuy y Chaco, que tienen igualdad de género (cuatro y cuatro en el primer caso y dos y dos en el segundo), aunque no existe una legislación que los obligue a tener paridad como se va a introducir en Chubut. Existen datos convincentes para el caso de esta provincia: «Desde que se creó su estructura orgánica mediante la Ley Nº 37, sancionada en 1958, y han transcurrido 62 años desde su cumplimiento inicial, ninguna mujer ha estado en la Corte Suprema», dijo Chubut.

«Es evidente que se trata de un caso de discriminación indirecta, es decir, no hay nada por escrito que lo impida, pero en la práctica el resultado muestra que ninguna mujer parece estar en condiciones de ser miembro de la Corte Suprema», interpreta Mariana Ripa, directora de la Oficina de la Mujer y la Violencia de Género. Ella pregunta: «Entre las muchas mujeres que trabajan como abogadas, ¿no hay una que no puede ocupar el más alto tribunal? Además de los que tienen igualdad de género y los extremos, donde no hay mujeres, los «tribunales» de las provincias también tienen sus matices. Entre las provincias en las que las mujeres están representadas pero no logran la paridad de género, hay seis: Salta (tres mujeres y seis hombres), Tucumán, Catamarca, Río Negro (con dos mujeres y tres hombres), Córdoba (con tres mujeres y cuatro hombres) y Tierra del Fuego (con una mujer y dos hombres).

El informe señala que «las mujeres han sido claramente excluidas durante décadas en los tribunales superiores donde se diseñan y aplican las políticas de justicia pública, y ahora generalmente tienen poca o ninguna participación, lo que constituye una discriminación con sesgo de género». El trabajo preparado por las abogadas Silvina Davies Bordenave, Marisa Barcelona y Mercedes Epele, coordinado por Mariana Ripa, tiene una sección dedicada al Tribunal Supremo de la nación. «La Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha sido la excepción a esta discriminación, pues desde su creación en 1863 ha tenido dos integrantes femeninas (Carmen Argibay y Helena Highton de Nolasco), ambas nombradas en 2004, lo que las convierte en las primeras mujeres nombradas en democracia», a lo que hay que agregar Margarita Argúas, nombrada entre 1970 y 1973 durante el gobierno de facto de la época. «Desde su creación, la Corte ha estado compuesta por 108 hombres, con sólo tres mujeres sirviendo como jueces. El primer nombramiento tuvo que esperar 107 años, y luego pasaron 34 años antes de que se nombraran dos mujeres», dice.