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Queja para ARA San Juan: «No fue una tormenta perfecta, fueron enviados a morir»

La abogada Valeria Carreras solicitó que el rechazo de la acusación contra el ex jefe de la Marina, Marcelo Srur, el ex presidente Mauricio Macri y el ex Ministro de Defensa Oscar Aguad, sea considerado como una apelación y que sean "procesados por homicidio agravado por eventual malicia".

Queja para ARA San Juan:

Queja para ARA San Juan: "No fue una tormenta perfecta, fueron enviados a morir"

La abogada Valeria Carreras (

) aseguró este viernes que «los tripulantes del ARA San Juan fueron enviados a la muerte, no fueron víctimas de una tormenta perfecta» y pidió que la desestimación de los cargos contra el ex jefe de Asuntos Navales Marcelo Srur, el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad sea considerada como una apelación y que «sean procesados por homicidio grave por posible fraude». Carreras forma parte del llamamiento en nombre del Cabo Enrique Damián Castillo, uno de los 44 tripulantes que murieron en la implosión del submarino en noviembre de 2017. El abogado presentó su caso el viernes en la Corte Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en el segundo día de la audiencia de apelación de la decisión de la jueza federal en Caleta Olivia Marta Yáñez.

En su testimonio ante las autoridades navales de la época, Carreras afirmó que tenía «información oculta para que la verdad nunca saliera a la luz» y dijo que el resultado fatal que llevó al hundimiento del submarino fue «una falla en el compartimiento de la batería que creó un clima tóxico en su interior, afectando la maniobrabilidad del submarino que se hundió e implosionó». El abogado enumeró las diversas formas de comunicación con el país que fracasaron por falta de inversión, y dijo que las autoridades políticas de la época, en complicidad con los jefes de la marina, «manipularon» las pruebas e intentaron ocultar la ubicación del casco. Incluso cuestionó la ubicación del buque a una profundidad de más de 200 metros y cerca de 200 millas, lo que «sólo puede justificarse en una situación de conflicto o guerra, como pudo haber ocurrido durante el conflicto de Malvinas».

también señaló que el barco «no tenía pirotecnia (para pedir ayuda)», que «la radiobaliza no estaba certificada», que «los trajes no estaban certificados» y que «el carenado no estaba hecho», añadiendo que incluso en estas condiciones «salía lo mismo». Carreras enumeró las sucesivas conversaciones que el comandante del submarino, el capitán Pedro Martín Fernández, había mantenido en los momentos previos al fatal desenlace, desacreditando la versión oficial de la Marina que reducía el naufragio a situaciones desconocidas. «No fue una tormenta perfecta», argumentó el demandante, añadiendo que, de otro modo, no se habrían producido llamadas del tipo de las que se realizan «a horas inusuales y durante varios minutos», que sólo se justifican en una «situación de peligro extremo que conduce al hundimiento».

De manera similar, la demandante, Lorena Arias, que representaba a los familiares de otras víctimas, cuestionó la actitud de clasificar la tragedia como un «error humano» porque «por un lado dicen que están orgullosos de la tripulación y por otro lado los señalan como los autores. Arias también entrevistó a los abogados que defienden a los principales marinos, quienes «exponen la teoría de los eventos encadenados, es decir, la teoría del modelo lineal de dominó a través del cual un evento se vincula a los otros, que se excluye. «La teoría del efecto dominó ya no se utiliza porque el fracaso humano es la consecuencia y no la causa, entonces todo falla, la tecnología, las regulaciones y el entrenamiento deben funcionar mal, y si ese es el caso, entonces lo que ha fallado es la Armada Argentina», dijo.

Hoy es el segundo día del juicio, que hasta ahora ha requerido 14 horas de alegatos de los abogados, tanto para la demanda como para los acusados de los marinos acusados, que han apelado al tribunal, aunque por motivos diferentes. El caso apelado sobre el hundimiento del ARA San Juan se denomina «López Mazzeo, Luis Enrique y otros por abuso de autoridad y de los deberes de un funcionario público». En febrero del año pasado, la jueza federal de Caleta, Olivia Marta Yáñez, ordenó el procesamiento penal de seis ex oficiales de alto rango de la Armada Argentina sin detención preventiva y la destitución de un séptimo marinero por el hundimiento del ARA San Juan con sus 44 tripulantes y se negó a investigar las posibles responsabilidades políticas en este caso.

Yáñez acusó a Jorge Sulía, ex Jefe de Logística del Comando de Submarinos (COFS), y a Hugo Correa, ex Jefe de Operaciones del COFS, del delito de «destrucción grave culposa con resultado de muerte»; Héctor Alonso, ex Jefe de Estado Mayor del COFS; Luis López Mazzeo, Jefe del Comando de Entrenamiento y Reclutamiento; Claudio Villamide, Comandante de la Fuerza de Submarinos; y Eduardo Luis Malchiodi, ex Jefe de Mantenimiento y Arsenales Navales. También los acusó de no cumplir con los deberes de un funcionario público y con los deberes de su cargo, e impuso embargos que oscilaban entre 2 millones (Correa, Sulía) y 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). Mientras tanto, se impuso un embargo a Alonso por 2,5 millones de pesos y a Villamide por 3 millones.