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El 31% de las empresas de construcción aún no saben cómo pagarán la bonificación

Muchas empresas del sector esperaban la ayuda de los ATP para pagarla o para sacar líneas de crédito. En los próximos tres meses sólo una de cada cinco empresas de construcción ve una mejora en la actividad

El 31% de las empresas de construcción aún no saben cómo pagarán la bonificación

El 31% de las empresas de construcción aún no saben cómo pagarán la bonificación

Ocho de cada diez empresas constructoras creen que la bonificación de junio debe pagarse en cuotas, pero más allá de la forma de pago, existe una gran preocupación en la industria por los niveles de actividad y los problemas de flujo de caja.

Unos días antes del pago de la cuota semestral del salario anual adicional (SAC), el 31% de las empresas del sector todavía no tienen claro de dónde vendrá el dinero para pagar este salario. Una parte importante de ellos esperaba poder contar con el apoyo de la ATP para la bonificación, una alternativa ya rechazada por el gobierno nacional.

Ahora tienen que asumir más deuda bancaria o pagarla con sus propios fondos, en ambos casos con poco margen de maniobra.

En una actividad que se encuentra en caída libre desde 2018, paralizada durante dos meses desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio y luego, aunque muy lentamente, comenzó a moverse, las perspectivas de futuro no son muy alentadoras.

La suspensión del personal en virtud del acuerdo con la UOCRA continuará. El 37% de las compañías estiman que continuarán al menos hasta agosto. Además, dado el escenario de los próximos tres meses, sólo el 21% cree que habrá una mejora en la actividad, mientras que el 66% prevé que «la producción del próximo semestre será del 50% o menos de lo esperado a principios de año».

Los datos provienen de la última encuesta sectorial encargada por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en la que participó la consultora Marketing & Statistics. La encuesta llegó a casi 300 empresas constructoras de todo el país entre el 12 y el 16 de junio.

El estudio describe un complejo panorama de esta actividad, que se ha visto sacudida desde mediados de 2019 por la ralentización de las obras públicas, que, a diferencia de lo que ocurre en las provincias y municipios, está retomando lentamente su ritmo -subproducto del protocolo- en obras de carácter nacional, con notoria escasez de recursos.

En mayo, el 46% de las empresas no presentaron un presupuesto o una oferta, y el 66% de las obras públicas y privadas cuyos contratos estaban en vigor el 31 de mayo sufrieron algún tipo de retraso.

Hay un 22% de obras paralizadas, otro 21% con retrasos por razones ajenas a las empresas constructoras, y apenas un 34% tienen un desarrollo normal. En este contexto, el 11% de las obras han sido neutralizadas o están en proceso de ser canceladas.

En este universo de obras con contratos pendientes, las obras públicas representan la mayor parte. No hay detalles, pero las fuentes sectoriales estiman que hasta el 75% de este porcentaje corresponde a obras realizadas por el Estado en los tres niveles: nacional, provincial y municipal.

Además, los retrasos en los pagos que se produjeron para muchas obras debido a las dificultades presupuestarias e incluso el cambio de dirección en diciembre ralentizaron los procesos de reajuste de precios, lo que afectó a las cuentas de las empresas constructoras.

«Una obra pública tiene una rentabilidad promedio del 10% en el mejor de los casos, pero con una tasa de inflación del 50%, muchos procesos de reevaluación de precios están en marcha y se complica», dijo Ivan Szczech, jefe de la Cámara Argentina de la Construcción. El reajuste de precios se activa cuando la inflación sube a más del 5% desde que se firmó el contrato.

Cuando se le preguntó sobre el riesgo de cierre de empresas, Szczech dijo que «es probable, pero no vemos un escenario desolador en este sentido». Sin embargo, dejó claro que las empresas «serán golpeadas duramente en el área de capital de trabajo, este es el resultado final para el día después».