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Gasolina: Aranguren demandó por aumentar las tarifas en 1343 millones de pesos.

El controlador de Enargas, Federico Bernal, pretende que se declaren nulos los aumentos de tarifas aplicados desde finales de 2016. La intervención del Indec está en el origen de la causa

Gasolina: Aranguren demandó por aumentar las tarifas en 1343 millones de pesos.

Gasolina: Aranguren demandó por aumentar las tarifas en 1343 millones de pesos.

Por segunda vez en los últimos dos meses, el controlador del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, presentó una denuncia penal contra el ex Ministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis ex funcionarios de su equipo por supuestos precios excesivos en la fijación de las tarifas de transporte y distribución de gas, que habrían costado a los usuarios alrededor de U$S 1343 millones entre 2017 y 2021.

El objetivo final es declarar nulos los incrementos arancelarios aplicados desde 2016. Ya ha recomendado al gobierno que haga esto con Camuzzi.

La presentación ante el Poder Judicial, para la cual fue asesorado por el ex jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, se refiere a los delitos de abuso de funciones e incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

El origen de este caso tiene que ver con la congelación de los aranceles desde 2002, la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde 2007 y la Revisión Integral de Tarifas (RTI) de 2016.

En el RTI, el gobierno anterior definió un factor de actualización sobre la base de la tarifa de 33 veces (3300% de extremo a extremo, de enero de 1993 a diciembre de 2016) para tratar de mantener constantes las tarifas reguladas recibidas por las empresas de transporte (TGN y TGS) y las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras).

Esta cifra está tomada de las cifras del Indec, que tuvo que recomponer sus cifras a raíz de la desconfianza causada principalmente por la dispersión del índice de inflación entre 2007 y 2015.

Sin embargo, con la llegada de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Bernal sostiene que este factor de actualización fue una «manipulación», que permitió a las empresas recuperar lo que habían perdido entre 2002 y 2015, mientras estaba vigente una ley de emergencia económica y los derechos de aduana permanecían congelados.

En su opinión, el factor de actualización debería haber sido 24 veces o incluso menos. El sobredimensionamiento «arbitrario» de este índice significó que los usuarios tuvieron que gastar 1343 millones de pesos adicionales.

En este cálculo, a los licenciatarios también se les concedió lo que amenazaron con reclamar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a saber, aproximadamente 3 450 millones de pesos.

El proceso de aumento de los aranceles a partir de abril de 2017 consistió en un acuerdo para que los comerciantes y transportistas se olvidaran de estas demandas.

La denuncia señala que el gobierno anterior asumió que se trataba de procesos perdidos que aún no se habían iniciado.

Los casos que tuvieron un resultado negativo para el Estado fueron el caso de Transportadora de Gas del Norte (TGN) – iniciado por su antiguo accionista, la empresa francesa Total, junto con Central Puerto e Hidroeléctrica Piedra del Águila – por 311 millones de pesos, y el caso de Metrogas – en el que estaba implicada British Gas – por 186 millones de pesos.

El Cronista contactó con Aranguren, que no respondió a la denuncia hasta que tuvo acceso al caso.

Pero uno de los funcionarios que trabajó en el proceso de la FTI dijo a este periódico que el factor de actualización que debería haberse aplicado a las empresas para recuperar todo lo perdido era superior a 50, y que esta cifra se limitaba a reconocer sólo lo que se había transpuesto en el «Acuerdo Actas» firmado por el ex Ministro de Planificación Julio De Vido entre 2006 y 2007.