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La lucha por las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados pone freno a dos leyes clave para afrontar la crisis

Mientras que el gobierno y Juntos por el Cambio no avanzan en el protocolo que regula las sesiones virtuales, la Cámara Baja no avanza en una ley de apoyo al turismo y otra para aliviar la situación de los inquilinos y propietarios de locales comerciales

La lucha por las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados pone freno a dos leyes clave para afrontar la crisis

La lucha por las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados pone freno a dos leyes clave para afrontar la crisis

Mientras que la Cámara de Diputados sigue paralizada por la falta de acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición sobre el futuro protocolo que regirá las reuniones virtuales, dos proyectos destinados a aliviar los efectos de la crisis económica desencadenada por la pandemia también están paralizados. Por un lado, existe una iniciativa promovida por los líderes del bloque de Juntos por el Cambio, que tiene como objetivo aliviar la carga de los inquilinos y propietarios de locales comerciales. Por otro lado, hay una regulación que ya tiene media sanción en el Senado para promover el turismo.

La reforma judicial promovida por el poder ejecutivo -que podría ser aprobada hoy en el Senado y que estaría lista para ser tratada en las instalaciones- es la razón por la cual el grupo encabezado por el diputado Mario Negri no acepta prorrogar el protocolo de sesiones virtuales, que regulaba el funcionamiento de la Cámara presidida por Sergio Massa, hasta el 7 de este mes, día en que expira. Esta negativa, que no hace sino bloquear la posible sanción del texto destinado a diluir el poder de los 12 tribunales de Komodoro Py, tiene el efecto de bloquear otras iniciativas que la propia oposición define como «urgentes».

Uno de ellos incluso lleva la firma de los presidentes de los bloques que componen el JxC: Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), así como los diputados Luciano Laspina y Luis Pastori, ambos miembros del mismo partido. Este es el proyecto de ley sobre «Fuerza Mayor en Sitios Comerciales». La iniciativa prevé concesiones y la suspensión del pago de impuestos.

Por una parte, el texto, que tiene por objeto «impedir que una infinidad de inquilinos utilicen y disfruten de las propiedades comerciales que tienen en el sitio, por efecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio», se vale del artículo 1203 del Código Civil y Comercial para declarar el estado de fuerza mayor como público y notorio, a fin de evitar la generación innecesaria de procedimientos judiciales.

El artículo 1203 dice: «Si, por casualidad o fuerza mayor, el arrendatario se ve impedido de usar o disfrutar el bien, o si el bien no puede servir a la finalidad del contrato, podrá exigir la disolución del contrato o la suspensión del pago del precio durante el período en que no pueda usar o disfrutar el bien. Si el acontecimiento fortuito no afecta a la cosa en sí, sus obligaciones continuarán como antes».

Otro punto de la iniciativa tiene por objeto remediar el daño «que la falta de pago causa a los inquilinos, que a menudo tienen estos ingresos como única fuente».

En este sentido, la normativa establece que los inquilinos pueden deducir de sus ingresos de primera categoría hasta el equivalente al 100% del valor de la renta de la propiedad no registrada. La condición es que no se haya acordado con el inquilino la refinanciación de la obligación.

Además, la iniciativa permite que se deduzca un 30% más como deducción especial. Si se acuerda una refinanciación, se considera que el valor de la renta se ha acumulado en el ejercicio fiscal y la deducción que se ha de tener en cuenta es de hasta el 30% del valor.

En el contexto de la pandemia, la oferta de espacios de alquiler en la ciudad de Buenos Aires ha aumentado en un 67% en el primer semestre del año, según un informe publicado en las últimas horas por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y Colliers.

Asistencia al Turismo

Otra importante iniciativa involucrada en el conflicto sobre la extensión -o no- de las reuniones virtuales tiene que ver con un proyecto de ley que ya ha sido aprobado a medias en el Senado.

Por un lado, el texto está destinado a apoyar a las empresas de turismo, el texto contiene una serie de ventajas fiscales y económicas compatibles con las ya concedidas por el gobierno. Algunos de ellos lo son:

  • Reducción del pago de las contribuciones de los empleadores al 95%.
  • Pago por parte del estado nacional del suplemento equivalente al 50% del salario neto para empleados en relación de dependencia con el sector privado No puede ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil o superior a dos o al salario neto total.
  • El Jefe de Gabinete tiene derecho a prorrogar estas medidas por 180 días y hasta el monto de las prestaciones introducidas.
  • El Jefe de Gabinete puede conceder ayudas económicas no reembolsables a los propietarios de microempresas y pequeñas empresas de conformidad con la normativa aplicable, que constituyen su única actividad, por un importe de hasta dos salarios mínimos vitales y móviles.

Mientras tanto, algunas de las medidas fiscales, tributarias y crediticias promovidas por el proyecto

  • Prorroga en 180 días el plazo para el pago de los impuestos existentes o los impuestos que se creen , que gravan los activos, el capital o los ingresos que vencen el 31 de diciembre de este año. Este punto podría ser ampliado por el poder ejecutivo.
  • La suspensión de cualquier tipo de medida cautelar se suspenderá por 180 días a petición de la AFIP y/o de la Anses.
  • El ejecutivo impartirá la capacitación r antes del 31 de diciembre de 2021 sobre las tasas de crédito y débito en cuentas bancarias y otras operaciones. 
  • Se instruye al Banco Central de la República Argentina para que otorgue una línea de crédito al sector a través del Banco Nación Los préstamos se destinan al pago de servicios públicos, capital de trabajo u otros costos fijos que deben asumir las empresas durante el período de restricciones causadas por la pandemia. Estos préstamos se conceden con un plazo máximo de 36 meses y un período de gracia de 6 meses para el pago del capital y los intereses.
  • El BCRA tiene el mandato de otorgar líneas de crédito a los municipios y comunidades de las zonas cuya actividad principal es el turismo que tengan garantizada una contribución fiscal federal, con cargo a sus propios recursos, a fideicomisos que garanticen el pago o que estén garantizados por las propias provincias. Estos préstamos deben utilizarse para inversiones en obras y servicios públicos destinados a la rehabilitación y mejora de la ciudad candidata.

Por otra parte, el proyecto propone una serie de acciones para motivar y estimular la demanda, con el fin de fomentar la reactivación de la actividad con vistas a los consumidores. En este sentido, algunas de las iniciativas de fomento de la demanda

  • Una contribución a favor de las familias con un ingreso mensual neto total inferior a cuatro salarios mínimos, mediante un comprobante fiscal electrónico para el pago de los servicios prestados por las empresas del sector .
  • Creación de un esquema «Incentivos para la venta anticipada de servicios turísticos nacionales» para promover y fortalecer la demanda de turismo interno reconociendo a un crédito por parte del estado nacional a favor de las personas por un monto del 50% del monto por cada operación de compra de servicios turísticos ofrecidos en el territorio nacional.
  • Creación del programa «Turismo para las personas de edad» para apoyar la actividad turística de los destinos turísticos del país durante la temporada baja en el contexto de los viajes como actividad preventiva para la salud y el bienestar de las personas de edad.
  • La promoción de