Saltar al contenido

Se ha declarado la emergencia agrícola en Córdoba, Corrientes y Chaco

El Ministerio de Agricultura lo declaró este martes mediante las resoluciones 223/2020, 224/2020 y 225/2020 publicadas en el Boletín Oficial.

Se ha declarado la emergencia agrícola en Córdoba, Corrientes y Chaco

Se ha declarado la emergencia agrícola en Córdoba, Corrientes y Chaco

El Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergencia agrícola en las provincias de Córdoba, Corrientes y Chaco mediante las Resoluciones 223/2020, 224/2020 y 225/2020 publicadas hoy en el Diario Oficial.

En el caso de Córdoba, la emergencia se aplicará desde el 1º de septiembre hasta el 31 de agosto de 2021 a las explotaciones agrícolas afectadas por los incendios en las zonas de San Carlos Minas, Norte Punilla, Villa Cura Brochero, Mina Clavero, Valle Paravachasca, Las Albahacas, Panaholma y San José de la Quintana.

Para Corrientes, se declara el período de emergencia desde el 1º de septiembre del año pasado hasta el mismo día del año 2021 para las explotaciones ganaderas afectadas por la sequía en los departamentos de Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Goya, Itatí, Lavalle, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar y San Roque.

Y en el Chaco, la declaración se extiende desde el pasado 1 de octubre hasta el 1 de abril de 2021 para los sectores agrícola, ganadero y apícola afectados por la sequía en toda la provincia.

Las tres resoluciones estipulan que, para tener derecho a los beneficios, los productores interesados deben presentar un certificado expedido por la autoridad competente de la provincia en el que se indique que sus tierras o explotaciones están comprendidas en los casos previstos.

Por su parte, el gobierno provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios la lista de productores afectados, junto con una copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

Mientras tanto, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) proporcionarán los recursos necesarios para que los productores agrícolas puedan beneficiarse de las ventajas previstas.