Saltar al contenido

Sin señales del gobierno, el estado luchará en septiembre para reabrir la paridad

Los sindicatos que agrupan al personal de la administración pública quieren obligar al Ejecutivo a discutir una actualización de los activos, congelados desde febrero, por temor a que el acuerdo con el FMI imponga nuevos recortes.

Sin señales del gobierno, el estado luchará en septiembre para reabrir la paridad

Sin señales del gobierno, el estado luchará en septiembre para reabrir la paridad

Sin prisa, pero sin pausa, después de meses de retraso debido a la emergencia sanitaria que causó el coronavirus, los parars vuelven a tomar velocidad, y así hasta la fecha ya hay actividades que han acordado recomposiciones de salario del orden del 30%.

En el mejor de los casos, esta situación la experimentan los trabajadores en actividades que continuaron prácticamente sin grandes cambios durante el período de detención masiva, o que tienen organizaciones sindicales con gran poder de presión. Sin embargo, no se ha producido ninguna mejora en el 80% de los trabajadores registrados, y este grupo incluye a los empleados estatales.

Los dos sindicatos más representativos del sector público, la Asociación de Empleados Públicos (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), no han recibido una señal positiva del Jefe de Gabinete para discutir los salarios de bolsillo, que han perdido el 36% de su poder adquisitivo durante el cuatrienio de Mauricio Macri, según las estimaciones del Ministerio de Economía enviadas al Congreso debido a la reciente ampliación del presupuesto.

La crisis económica y social exacerbada por la pandemia llevó al gobierno a hacer un esfuerzo fiscal de más del 5% del PIB para mantener el empleo y los ingresos privados registrados en los hogares informales, a través del Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Las empresas estatales cuya estabilidad no estaba en riesgo tuvieron que esperar. En un escenario similar, o incluso peor por la retirada de la recaudación, hay empleados de los gobiernos provinciales y locales, que representan el 80% de los casi 3 millones de empleados públicos.

Dado que no hay indicaciones claras de cuándo se abrirá esta discusión, el jefe del ATE, Hugo «Cachorro» Godoy, estima que la discusión se reanudará en septiembre. «Cuando discutimos formalmente el asunto, (Santiago) Cafiero nos dijo que sólo habría una mayor claridad sobre la situación este mes, cuando expire el bono de 5.000 pesos concedido a los trabajadores de la salud y otras actividades importantes», dijo Godoy a este periódico. «Esta bonificación debe continuar hasta diciembre o entrar en una discusión entre pares», dijo el presidente.

Miedo a las restricciones fiscales

En la UPCN, también esperaron, quizás con menos expectativas, que el gobierno estuviera listo para discutir la situación salarial. En conversaciones con la Casa Rosada, el sindicato, dirigido por Andrés Rodríguez, llamó la atención sobre los atrasos en los salarios y el consiguiente riesgo de perder personal crucial para la lucha contra la pandemia, como los hospitales públicos, el Anmat -responsable de supervisar el trabajo de los laboratorios que trabajan para una vacuna- y el Malbrán.

Ambos sindicatos temen que el acuerdo de reprogramación de la deuda con los tenedores de bonos privados, que llevará al presidente Alberto Fernández a realizar un acto formal el próximo lunes para concluir estas negociaciones, y la inminente apertura de las conversaciones, que seguirán un proceso similar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), condicionen en última instancia la política fiscal del gobierno y lo presionen para limitar los gastos de personal.

Dado que alrededor del 30% del personal no recibía prestaciones sociales o era despedido debido al aislamiento social, los funcionarios públicos recibieron un aumento del 5% en enero y otro 5% en febrero, sobre la base de la paridad de 2019; además, los que tenían salarios de hasta 6.000 pesos recibieron 4.000 pesos, que se reservaron para compensar la erosión causada por la inflación.