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Tarifas: el Gobierno está considerando aumentos y quiere cobrar 100 mil millones de pesos a las compañías de electricidad

El Ministerio de Energía está buscando un arreglo de cuentas con el sector. La economía quiere pisar los subsidios pero Guzmán aún no ha definido cómo serán los aumentos de tarifas en 2021.

Tarifas: el Gobierno está considerando aumentos y quiere cobrar 100 mil millones de pesos a las compañías de electricidad

Tarifas: el Gobierno está considerando aumentos y quiere cobrar 100 mil millones de pesos a las compañías de electricidad

El estado no tiene nada de dinero Este es el mensaje que el Ministro de Energía, Darío Martínez, comenzó a transmitir a las empresas privadas del sector en general y a las compañías de electricidad en particular.

Aún sin definiciones claras sobre el deshielo de las tarifas en 2021 (que es lo que más ocupa a las empresas y preocupa a los usuarios), en los últimos días el equipo de Neuquén se ha hecho cargo de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) y ha comenzado a acelerar un plan para que los distribuidores del país -públicos y privados- cancelen una deuda que ascendía a más de 100.000 millones de pesos en energía consumida a finales de agosto.

El plan para regularizar los compromisos está previsto en el artículo 87 del presupuesto de 2021, que fue aprobado a medias en el Parlamento la semana pasada y ahora se está debatiendo en el Senado.

La congelación arancelaria prolongada, que ha estado en vigor durante más de un año y medio, y los efectos de la pandemia han perturbado la cadena de pago sectorial.

La desvalorización y la intención de abordar este problema con urgencia se basan en un imperativo fiscal: lo que han hecho las distribuidoras como Edenor, Edesur, la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, otras empresas de Mendoza, Río Negro y Misiones, y las cooperativas de Chubut, entre otras, es reducir la carga fiscal del sector. debe ser pagado a Cammesa con subsidios del tesoro del Estado para que éste, a su vez, pueda cumplir sus obligaciones con los productores de electricidad (AES, Sadesa – Central Puerto, Pampa Energía, Enel, YPF Luz, Albanesi, Genneia, MSU) y continuar con inversiones mínimas de mantenimiento.

En lo que va de año el Ministerio de Asuntos Económicos ya ha recaudado 263.013,81 millones de pesos (más de 3.600 millones de pesos), ya que lo que pueden ganar los distribuidores se utiliza para pagar los salarios y los gastos fijos y está financiado por Cammesa.

El problema ha existido durante años pero ha estallado con la pandemia y la incapacidad de cargar a algunos usuarios. A finales de 2019, la deuda era sólo de 30.000 millones de pesos.

Pero desde mediados de este año, Edenor y Edesur dejaron de pagar la electricidad y para el 31 de agosto cada uno debía más de 11.000 millones de pesos, encabezando la lista junto con la empresa Santa Fe.

Las fuentes oficiales consultadas por El Cronista reconocieron que el tema era prioritario y que examinarían los criterios de cumplimiento de los plazos de pago por parte de las empresas en función de las inversiones realizadas y pendientes de realizar, el grado de cumplimiento de sus obligaciones con Cammesa hasta el momento y el número de usuarios vulnerables -y por tanto más difíciles de medir- atendidos por cada distribuidor.

Sin embargo, el Gobierno no tiene la certeza de que los aranceles se descongelen después del 31 de diciembre.

El Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, pretende que la relación entre subsidios y producto interno bruto (PIB) se mantenga constante en 2021 -un 1,7% para la energía y otro 0,5% para el transporte- lo que significaría un fuerte aumento de los pesos para cubrir los costos monomiales (mayoristas) y el valor agregado en la distribución (DAV) en sentido descendente.

Si el dólar oficial se mantiene bajo control, los usuarios pagarán alrededor del 40% de los costos de energía al final del año, mientras que el 60% restante será sufragado por el estado nacional. En abril de 2018, antes de la devaluación, la proporción era de casi 75-25%.

Por último, el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría exigir un nuevo ajuste de estas partidas presupuestarias para llegar a un acuerdo sobre el reembolso de 45.000 millones de pesos.

Los pagos de asistencia social para contener los efectos del nuevo coronavirus han proporcionado al gobierno una valiosa base de datos para segmentar a los usuarios que pueden hacer frente a los aumentos por encima de la tasa de inflación y a los que necesitan más apoyo del gobierno.

Martínez ha trabajado en esta dirección con Fernanda Raverta, la jefa de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), y Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para discriminar y establecer criterios de inclusión y exclusión.

En el sector privado – confiaron en este periódico – apostaron que recibirían noticias de subidas de los tipos de interés en diciembre, pero esta expectativa se enfrió ya que el mismo gobierno bajó el tono en este tema.

Anteanoche, Edesur presentó los resultados de la empresa a sus inversores, advirtiendo que habían registrado pérdidas «por tercer trimestre consecutivo», que ascendían a 3509 millones de pesos en los primeros nueve meses del año.

«El sector eléctrico se encuentra en una situación crítica y necesita urgentemente soluciones regulatorias para mantener el servicio esencial durante un período pandémico. Sin aranceles, sin subsidios y sin reglas, no se pueden hacer milagros», dijo Nicola Melchiotti, gerente de país de Enel Argentina, la empresa italiana que controla Edesur.

Para el verano, el propio gobierno admitió que espera un aumento en el número, duración y frecuencia de los cortes de energía debido al mayor consumo de energía en los hogares. La demanda se ha desplazado de zonas industriales como el microcentro de la ciudad de Buenos Aires a zonas residenciales de la aglomeración, lo que ha dado lugar a la congestión del cable.