Saltar al contenido

Temor de que los empleadores basados en proyectos den a los empleados más tiempo para reclamar la compensación

La iniciativa, redactada por el senador Daniel Lovera, se discutirá hoy en la Cámara Alta. Como advirtió la Unión Industrial "impactará negativamente" en los balances de las empresas

Temor de que los empleadores basados en proyectos den a los empleados más tiempo para reclamar la compensación

Temor de que los empleadores basados en proyectos den a los empleados más tiempo para reclamar la compensación

En las últimas horas, las Cámaras de Comercio han expresado su gran preocupación por un proyecto de ley que se está discutiendo hoy en el Senado, que tiene como objetivo ampliar el plazo en el que los trabajadores pueden demandar a sus empleadores después de ser despedidos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) fue sorprendida por la iniciativa legislativa que propone un cambio en la prescripción de los reclamos de indemnización después de la terminación del empleo, que está sujeta a una decisión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado. Es crucial que la iniciativa dé a los trabajadores más tiempo para demandar a sus empresas después de haber sido despedidos.

La sentencia sustituye el plazo de prescripción de dos años para todos los préstamos laborales, aumentando los plazos y distinguiendo tres años para las medidas relativas a los préstamos del vencimiento de los préstamos laborales y cinco años para los demás.

«Tendrán que duplicar por lo menos sus provisiones o reservas contables relacionadas con posibles reclamaciones laborales del personal», advirtió Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en una declaración sobre la iniciativa.

Lovera adaptó los términos del reglamento al nuevo Código Civil y Comercial aprobado en 2015, ampliándolos a tres años para las medidas relativas a los créditos resultantes de la expiración de la relación laboral y a cinco años para las relaciones laborales individuales o colectivas.

aclara además que «no prescriben las acciones de derecho laboral para la indemnización de daños resultantes de crímenes de lesa humanidad, aunque se hayan cometido antes de esta normativa».

«El nuevo Código introdujo cambios significativos en cuanto a los plazos, uno de los más importantes es un plazo genérico de cinco años, y el plazo correspondiente a los daños derivados de la responsabilidad civil se ha ampliado a tres años», dice en sus fundamentos.

Para el UIA, la prórroga del plazo de prescripción es «desaconsejable», no sólo porque «perjudica la previsibilidad de las relaciones laborales», sino también porque «repercute directamente en los incentivos a la inversión y la creación de empleo», especialmente en un «contexto marcado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país».

Como expresó el sindicato industrial ayer miércoles, la iniciativa «carece de argumentos jurídicos para apoyar los cambios propuestos y sus efectos son contrarios a los que pretenden las medidas oficiales para mantener tanto la actividad económica como el empleo».

Además, el Ente lamentó que «mientras la Comisión, los industriales, trabaja, «en la actualidad, las condiciones en la práctica ya son superiores a las establecidas en la ley de contratos de trabajo, dadas las suspensiones o interrupciones previstas en varias jurisdicciones», como los seis meses de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, añadió que la ampliación del plazo de prescripción a cinco años tendrá «efectos negativos en los balances de la empresa, que tendrá que duplicar por lo menos sus reservas contables o las reservas relacionadas con posibles reclamaciones de trabajo del personal».

También recordó que la Corte Suprema de la nación había entendido que «el reglamento es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a las empresas, disipar la incertidumbre y poner fin a la indecisión de los derechos».

Al comparar la duración de dos años del Tribunal de Trabajo con la duración de diez años del Código Civil, la sociedad consideró que si «la duración de dos años se entendía como razonable, ahora debería ser mucho más», ya que se redujo a la mitad, de 10 a 5 años, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Según la UIA, el proyecto «agobia y contradice la tendencia actual del sector de la prescripción, que pretende reducir los plazos».

«En un mundo de comunicación fluida, instantánea y virtual, resulta inútil y contraproducente prever una prórroga de los plazos de prescripción por un período de cinco años», subrayó.